Tratar de Limitar la libertad de expresión de los tamaulipecos, grave error.

Mauricio Fernández Díaz

Ciudad Victoria.- Desde que aparecieron las redes sociales y la facilidad de conectarse con alguien en cualquier lugar del mundo, las personas las han incorporado a su vida cotidiana. Ya son un hábito, un recurso y un elemento básico. Pero se engaña quien crea que esto se debe a las funciones técnicas de estas plataformas, a su aspecto tecnológico. Su éxito no se basa en eso sino en potenciar la libertad de expresión de la gente.

De ese tamaño es la necesidad de las personas de comunicar lo que piensan o sienten, lo que juzgan o aplauden. Antes, esa comunicación la controlaban los medios tradicionales y era mínima, porque la reservaban a unos pocos. Ahora todos pueden opinar y hacerse oír.

Las facilidades para comunicar y conectar con miles o millones de personas permitió también el surgimiento de medios independientes que trabajan más cerca de los ciudadanos que los medios tradicionales. Visibilizar al obtrero, al ama de casa, al estudiante, ayudarlos a alzar la voz, es el propósito de Sentido Común, por ejemplo.

Podemos afirmar, pues, que ni las redes sociales, ni los medios tradicionales ni, menos todavía, los gobiernos, son los tutores o creadores de la libertad de expresión, que se conmemora en el país cada 7 de junio. Este derecho proviene únicamente de las personas, que la ejercen como una necesidad para vivir.

Todo lo que se diga después (que la ley, o la tecnología, o el periódico impreso) no es más que resultado de esa actividad humana, comunicar. Pero esa comunicación debe ser libre o no es nada; debe llegar hasta donde lo pida el corazón de las personas sin que eso implique perjudicar a terceros.

Es satisfactorio que las autoridades celebren el Día de la Libertad de Expresión con un compromiso a favor de este derecho. Pero sus palabras, en realidad, no importan. Lo fundamental es que la gente viva y disfrute esa libertad.

Solo los locos quieren silenciar o callar a las personas, impedirles que se expresen. En Tamaulipas, solo Francisco Cabeza de Vaca ha intentado institucionalizar la censura a la libertad de expresión.

No había cumplido ni un año como gobernador cuando envió una iniciativa al Congreso del Estado, en marzo de 2017, para reformar el Código Penal. Era segura su aprobación, ya que su partido, el PAN, tenía la mayoría. En ese proyecto pedía hasta cinco años de cárcel a quien manipulara fotografías de funcionarios o instituciones y las publicara en redes sociales. Por este hecho se le llamó “Ley anti-meme”.

El bodrio del proyecto cabecista establecía: “(Quien) utilice o copie o modifique información contenida en sistemas o equipos de informática o redes sociales, protegida por algún mecanismo de seguridad que modifique, dañe o desprestigie a alguna persona o institución privada, se le impondrá una sanción”.

En la redacción, se señala directamente una conducta perniciosa como delito, pero en la práctica fácilmente se volvía un arma contra cualquier ciudadano por el solo hecho de expresar una broma o una idea contra un funcionario público, incluso contra quien simplemente publicaba el meme.

La pobreza intelectual de Cabeza de Vaca fue aún más lejos y buscaba encarcelar a las personas que simplemente dieran aviso de balaceras o situaciones de peligro. Quería que nadie hablara de inseguridad en Tamaulipas. En el artículo 171 Quáter de la reforma al Código Penal, establecía penas de 7 a 15 años de prisión a quien denunciara en redes sociales las situaciones de riesgo.

Finalmente, Cabeza de Vaca admitió su pifia y retiró la iniciativa, decisión que hizo pública en Twitter el 2 de abril de 2017.

Quiso darse también el crédito de haber eliminado la abominable reforma, redactada por el abogado Abelardo Perales como principal asesor jurídico. Pero trascendió que la cúpula panista le ordenó retirarla debido al escándalo provocado por la sola mención del proyecto.

Si las redes sociales son tan activas y útiles para los ciudadanos no se debe a la tecnología en sí, repetimos, sino al coraje de la gente que ya no se calla los abusos de autoridades, delincuentes ni líderes.

Por eso resulta temeraria la idea de Héctor Villegas de propiciar una Ley que regule y castigue a quienes hagan mal uso de los canales de información como redes sociales o telefonía y que alteren el orden o desinformen a la población. ¡Otra vez la Ley Cabeza de Vaca contra los usuarios de redes sociales! ¿Acaso nos gobierna todavía el PAN?

Dice el Calabazo que las alertas que circulan por la red y teléfonos celulares solo causan escándalo y desinformación. Claro, él viaja en camioneta blindada y utiliza guardaespaldas armados y no tiene ningún temor en carretera. Pero la mayoría de la gente no viaja así.
Afortunadamente, todas esas ideas trasnochadas no coinciden nada con la visión del gobernador Américo Villarreal quien, al celebrar este miércoles 7 el Día de la Libertad de Expresión, dijo que los ciudadanos contarán con este derecho bajo su gobierno. En el tiempo de la transformación, anunció, se acabaron la persecución y el acoso a los periodistas.

Esperemos que este mensaje, más que a los informadores, le llegue a la Secretaría General de Gobierno.